viernes, 15 de mayo de 2009

Cuando el comunismo nos alcance… o el lamento de Tucutunemo

15-05-09 - Eduardo Guerra
A los agricultores y trabajadores del Valle de Tucutunemo ubicado en el Estado Aragua, en la Republica Bolivariana de Venezuela, los alcanzo el comunismo chavista. Sin duda, para ese conglomerado de agricultores y ganaderos, entre los cuales se encuentran varias familias originarias de la isla de La Palma, les ha tocado sentir en carne propia la confiscación de sus propiedades; pequeñas y medianas fincas o granjas que por más de 30 años han trabajado con ahínco y tesón.
El pasado 20 de abril 2009, fueron “visitados” en sus casas por los representantes del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura (MAT) y del Instituto Nacional de Tierras (INTI), apoyados por un contingente de Guardias Nacionales, fusil en mano, para notificarles que desde esa fecha estaban siendo objeto de una medida de “aseguramiento” que dicho de otra forma no es mas que una “teórica expropiación” de todos sus bienes, y que en la practica se convierte en una vulgar confiscación, un robo en pocas palabras.
Sin ton ni son, y sin mediar ningún procedimiento de un tribunal de justicia, fueron acusados por las “autoridades” rojas rojitas, de terratenientes, de tener descuidadas e improductivas sus fincas, y de poseer una documentación falsa para acreditar la legitima propiedad de las mismas. La verdad no puede ser más opuesta a esas acusaciones; resulta que de esas siete haciendas confiscadas, La Majada, Agropecuaria El Chorro, La Uva, Los Aguacates, Villa de Mazo, Santo Pérez, La Pinta, Maiveca y la Hermita, han salido en los últimos años, más del 60% de las semillas certificadas de maíz, sorgo y caraotas, con las que alrededor de 650 productores agrícolas de ámbito nacional, siembran todos los años unas 77.222 hectáreas ubicadas en los llanos, en otras palabras, alimento para la población venezolana.
El Ministro del MAT, Elías Jaua, apoyado el Presidente del INTI, Juan Carlos Loyo ha declarado a los medios de comunicación que están aplicando la “Operación Zamora: Tierras y hombres libres, con lo que estas tierras se están poniendo en mano de los trabajadores de las fincas, que ahora si van a tener un trabajo digno. Porque debemos tener claro que no son los señores de los grandes apellidos, quienes aquí bregan todos los días”. Hasta aquí parte de la triste historia que se vive día a día en Venezuela.
De nada han valido los intentos de los legítimos dueños de hablar y razonar con las “autoridades”, a pesar de haber contratado asesoria legal por su cuenta, de convocar a ruedas de prensa y de incluso contar con el apoyo de los 240 trabajadores agrícolas de dichas haciendas. Así se lo hicieron sentir a la Guardia Nacional, los 300 parceleros del Valle de Tucutunemo que acompañando con Orencio Marante, Nelson Martínez, Agustín González y Antonio Pérez, cantaron el himno Nacional y rechazaron la violencia de estas medidas del Gobierno Chavista. Finalmente los agraviados (trabajadores y dueños) declararon que no se dejaran quitar sus trabajos y sus tierras.
Como en otros casos de confiscación, pseudo expropiaciones, muchos de estos hacendados son ciudadanos de nacionalidad española (La embajada española en Vzla. maneja 117 casos actualmente), canarios para más señas, que emigraron a Venezuela hace muchos años, que fueron a dejar allí toda su experiencia agrícola y ganadera, su conocimiento en el manejo del agua y a integrarse como un venezolano más a la suerte de la octava isla. Ahora pareciera que se repite con ellos lo que paso en Cuba, una brutal medida de desconocimiento de sus propiedades y bienes, al margen de la inseguridad y secuestros a la que están expuestos por la delincuencia común y la delincuencia política.
Recientemente algunos de los afectados de este grupo, paisanos canarios, han venido a Tenerife y a la Palma para buscar apoyo de los principales partidos políticos que hacen vida en Canaria, y la verdad no ha sido mucho lo que han conseguido. Salvo contadas excepciones, como la atención que les presto la Presidenta del Partido Popular en Tenerife, Doña Cristina Tavio, la mayoría de los políticos canarios consultados, incluso funcionarios del Gobierno de Canarias, les han dicho que no pueden hacer nada efectivo por ellos, porque la solución de estas situaciones corresponden al ámbito de acción del Gobierno de España. En pocas palabras que los únicos que pueden accionar alguna queja formal por el despojo del que son victimas esos ciudadanos españoles, son el Embajador de España en Venezuela, Dámaso de Lario, el Canciller Moratinos y en última instancia el Presidente Zapatero. Casi todos los políticos coinciden en el argumento de que NO se debe enfrentar duramente al Gobierno del Presidente Chávez, porque se puede poner en peligro la suerte de todos los españoles que viven en Venezuela, y con ese razonamiento lo único que les recomiendan es que permanezcan callados, que tengan paciencia, y que esperen a que poco a poco y diplomáticamente, logren que el Gobierno Chavista les pague cuando este quiera, el justo precio de sus bienes expropiados. Tristemente un chantaje más del Gobierno del teniente coronel, que muchos países le aguantan por preservar sus intereses económicos. El futuro de estos compatriotas canarios venezolanos es incierto, los amenazan en Venezuela si se quejan por el despojo de sus bienes y les recomiendan en España que permanezcan discretamente en silencio, a ver si por suerte logran recuperar algo. No basta que la embajada española en Venezuela les de asesoria legal para enfrentar las arbitrariedades del Gobierno Chavista.
No dudo de la buena fe de los consejos que desde España les han dado a los afectados, pero lo que no pueden ignorar las autoridades del Gobierno Canario y del Gobierno Español es que Hugo Chávez no respeta a nadie que se le muestre débil, no respeta ni su propia Constitución Bolivariana, la viola todos los días. El teniente coronel es como esos chulos de barrios que se acobarda cuando consigue a un duro que lo enfrenta y se crece cuando descubre la debilidad de la victima.
Lamentablemente en Venezuela no hay nadie seguro, salvo que sea un incondicional del Presidente, y eso tampoco es garantía, depende de los intereses del Comandante. El hecho que el Embajador de España en Venezuela, Don Dámaso de Lario sea amigo de Hugo Chávez no es garantía de pago, y sino, que le pregunten a Don Emilio Botín lo que le esta costando cobrar un justo precio por el Banco Santander / Venezuela al que le han obligado prácticamente a vendérselo al Estado venezolano; y si esa operación tampoco esta asegurada, ni preguntarse la esperanza que pueden tener unos pequeños agricultores canarios en recuperar parte de sus bienes y propiedades.
La Revolución Bolivariana entro en una fase de profundización, ya NO hay democracia en Venezuela. El Gobierno de España no puede subestimar la situación, ahora son unos cuantos agricultores palmeros los afectados, pasado mañana, mas pronto que tarde todos españoles que residen en Venezuela serán directamente afectados por el régimen, al igual que todos los venezolanos que habitan en ese pobre país rico…

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